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Objetivo: juzgar a los ricos. No a la impunidad


Algunas van dirigidas contra directivos de bancos. Otras piden cuentas a los responsables políticos de las privatizaciones o de las propias entidades financieras. Pero todas ellas tienen algo en común: las han presentado alianzas de movimientos sociales y grupos de afectados. Las querellas o denuncias populares por corrupción política o delitos económicos se han multiplicado con la crisis: sólo en los últimos dos años, la Audiencia Nacional ha recibido cinco de estas querellas, de las cuales ya está instruyendo las relativas al caso Bárcenas y al conocido como “caso Bankia” [Tras cerrarse el número en el que fue editado este artículo, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de PAH Madrid contra el Santander]. Y las causas que se dirimen en tribunales autonómicos, como la que implica a los responsables de la sanidad madrileña con Esperanza Aguirre o la que ha provocado la suspensión de los secretarios de organización y de política municipal de los socialistas catalanes, causas que ya están condicionando la agenda política pese a encontrarse en sus primeras fases.

Las sentencias que han dado la razón a las demandas populares generalmente han tenido que ver con delitos ambientales o cuestiones relacionadas con los derechos humanosEl punto de partida es poco esperanzador. Según la última encuesta monográfica del CIS sobre la percepción de la Justicia en España, publicada en febrero de 2011, el 77,4% de las personas consultadas estaba poco o nada de acuerdo con la afirmación “la Justicia trata por igual a ricos y a pobres”, y un 82,6% de los encuestados creía que las leyes favorecen a unos ciudadanos más que a otros. En los barómetros que el centro publica mes a mes, la administración de Justicia no figura entre los primeros problemas que citan las personas encuestadas, pero su imagen ha empeorado en los últimos años.

“Aquí hay una impunidad total. Hay una cierta clase que puede robar a quien quiera, mientras que en EE UU han juzgado a la banca y han tenido que pagar”, explica a DIAGONAL una de las accionistas de Bankia que ha colaborado en la última de las querellas ciudadanas por delitos económicos presentadas ante la Audie­n­cia Nacional: la que interpuso en noviembre el 15M a través del Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ). La querellante, que prefiere no identificarse, ha vivido casi toda su vida fuera del país. Al regresar a comienzos de la pasada década, en pleno auge del ladrillo, venía confiada en que “éste era un país serio”. Hoy comenta que el propio notario que tramitó la querella reconoció haber suscrito acciones de Bankia por valor de 6.000 euros. Las mismas que salieron al mercado con un precio de 3,75 euros por acción para hundirse a menos de 0,70.

A ella le “volaron” 3.000 euros con el batacazo de Bankia en junio de 2012. Por este motivo decidió sumarse a la petición de colaboración del TCJ. Esta querella, no obstante, no se presenta por la operación con la que Rodrigo Rato y compañía trataron presuntamente de tapar millones de euros de agujero contable, circunstancia que ya investiga el juez Fer­nan­do Andreu en la Audien­cia Nacio­nal a instancias, entre otros, de la campaña 15MpaRato. El TCJ se remonta más atrás: a los préstamos hipotecarios, contratos de compraventa y, sobre todo, informes de tasaciones, en los que participaron Caja Madrid y sus tasadoras entre 2003 y 2008. El TCJ considera que los directivos inflaron intencionadamente los precios de los pisos en connivencia con las tasadoras, y eso es lo que quieren que investigue la Audiencia Nacional. Para ello han trabajado dos años hasta recopilar hasta 16.000 páginas de expedientes.

Jueces díscolos

Casos como el de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y uno de los 90 directivos de la entidad incluidos por el TCJ en su querella, po­drían ayudar a reforzar esta percepción de impunidad y descontrol. Enviado a prisión en dos ocasiones por el juez Elpidio José Silva, por su participación en la venta del City National Bank de Florida, Blesa se convertía en 2013 en el primer banquero en pisar la cárcel desde el expresidente de Banesto, Mario Con­de, en 1994. Sin embargo, el caso no ha tardado en volverse contra el juez instructor que, a pesar de denunciar presiones para abandonar las investigaciones por parte de la Fiscalía y otras instancias y de pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial, ha acabado suspendido temporalmente de sus funciones e imputado por prevaricación y por “dos delitos contra la libertad individual”. [El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció este lunes el procesamiento de Silva y ordenó una fianza de 8.000 euros]. Al igual que el juez Silva, también Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha denunciado, tras aceptar la querella presentada por el colectivo médico AFEM, presiones de la Fiscalía madrileña para que deje de investigar a los exconsejeros de Sani­dad madrileños Juan José Güe­mes y Manuel Lamela, imputados por prevaricación y cohecho por supuestas irregularidades en la primera etapa de la privatización de los hospitales madrileños, que se inició en 2004. La Fiscalía ha llegado a acusar al magistrado de “instruir una causa general, prohibida en nuestro ordenamiento”, y se ha adherido al recurso presentado por Güemes, al de la aseguradora Asisa y al de Unilabs, algunas de las empresas imputadas en la causa.

Defensores de los corruptos

“Todos los ciudadanos observan indignados este espectáculo de ‘fisca­les defensores’ de los corruptos con poder, en procesos como el insólito auto de ‘desimputación’ de la infanta en el caso Noos [...], por no hablar del caso Gürtel, donde parecería que el papel de la Fiscalía es hacer tiempo para que prescriban los delitos. Es ya imposible confiar en unas fiscalías que operan de esta manera”, denunciaban recientemente desde 15Mpa­Rato.

Esta campaña afirma que en el caso de la estafa de las preferentes denunciada por ellos, “la Fiscalía se ha opuesto a la apertura de ninguna investigación; antes incluso de que presentáramos ninguna querella. El fiscal general del Estado se reunió en septiembre de 2012 con los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia para ‘decidir’ que no se perseguirían penalmente las preferentes”.

Pero todo esto no ha impedido que las querellas o denuncias ciudadanas se prodiguen en los últimos tiempos. “Tenemos todo un aparato institucional del Estado de supervisión y control de poderes que no está haciendo su trabajo, por tanto deja a la ciudadanía como único ámbito para la reivindicación de justicia en un sentido global y general”, afirma Carolina Bescan­sa, profesora de Ciencias Polí­ticas en la Universidad Complu­tense de Madrid. También el abogado Rafa Ma­yoral, de la Plata­forma de Afecta­dos por la Hipoteca (PAH), opina que “las denuncias que se presentan ante la autoridad judicial lo que vienen es a dejar claro que existe una situación de impunidad y una auténtica inacción por parte de los poderes públicos para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

El 31 de octubre, 28 personas afectadas, apoyadas por la PAH Madrid, presentaron ante la Audien­cia Nacio­nal una denuncia penal contra Emilio Botín, Ana Patricia Botín, Alfredo Sáenz y otros 17 directivos de la financiera UCI, el Banco San­tan­der, el BNP-Paribas y la tasadora Val­tec­nic, además de contra las cuatro entidades, por delitos de estafa continuada, contra los consumidores, contra el orden socioeconómico y por asociación ilícita en concurso con organización criminal por la comercialización de hipotecas basura. Se trata de la primera denuncia penal enmar­cada en la campaña Jui­cio y Castigo de la PAH, que no descarta presentar más en el futuro, aunque el elemento central de la campaña, explica Rafa Mayoral, no es el componente judicial, sino “la movilización social de denuncia de la impunidad”.

Buscando precedentes

Los delitos de cuello blanco, por lo menos aquellos denunciados por movimientos de base, cuentan con pocos precedentes de éxito. Las sentencias que han dado la razón a las demandas populares generalmente han tenido que ver con delitos ambientales o cuestiones relacionadas con los derechos humanos: la estrategia de juicio y castigo a los culpables impulsada por los abogados de PAH Madrid así lo reconoce implícitamente, al aludir a la demanda de “justicia, verdad y reparación” definida como reclama política en los juicios impulsados por las víctimas de las dictaduras del Cono Sur.

El caso de Ecuador marca un precedente negativo. Juan Carlos Calde­rón, director de la revista digital Plan V, explica a DIAGONAL que años después de la crisis financiera que asoló al país a finales de los 90 “no está claro el balance de cuánto se le debe a los ahorradores y al Estado que tuvo que hacerse cargo del rescate de los bancos”. El balance social sí está claro: cerca de tres millones de personas que tuvieron que salir del país y una devaluación de los depósitos bancarios de hasta el 1.000% después de que el Gobierno de Jamil Mahuad decidiera dolarizar la economía.



Y no fue la ausencia de un movimiento social fuerte que respaldara las querellas lo que le faltó al país. Tanto las asociaciones de ahorradores como los movimientos sociales integrados en la Asamblea de los Pue­blos, “un Congreso paralelo”, como la define Calderón, comenzaron a identificar y denunciar a los culpables del desastre. “Las demandas no prosperaron porque el poder político estaba conchabado con ellos”, señala el periodista. Un banquero próximo a Ma­huad, Fernando Azpiazu, fue condenado a ocho años de cárcel, pero no por administración desleal o mala gestión, sino por delitos fiscales. Los hermanos Ro­ber­to y William Isaías, cuyas pérdidas fueron las primeras en ser nacionalizadas y que dejaron una deuda de 600 millones de dólares al Estado ecuatoriano, permanecen prófugos en Miami. “El daño causado es irreversible”, concluye Calderón.

En el Estado español, de momento quienes anhelan una Justicia más igualitaria deben conformarse con todavía menos. Los dirigentes socialistas catalanes Daniel Fernández y Manel Bustos (respectivamente, secretario de Organización y secretario de Política Municipal del PSC) fueron apartados de la dirección tras conocerse su imputación en el llamado caso Mercurio, una investigación por tráfico de influencias centrada en los 13 años de gestión de Bustos en el Ayuntamiento de Saba­dell. Las Can­di­daturas de Unidad Popular (CUP) son acusación particular en este caso y en la investigación abierta por la Fiscalía Anti­corrupción catalana en el caso de Catalunya Caixa (CX).

También en este último caso es un peso pesado del PSC el objetivo de las pesquisas: Narcís Serra. Quien fuera vicepresidente del Gobierno de González es investigado por administración desleal de la entidad en el momento de su intervención por el Estado. El 1 de diciembre el juzgado que instruye el caso admitió a trámite la ampliación de la querella de las CUP, que ve sospechosa la compra por parte de CX de unos terrenos municipales en Lleida por valor de 50 millones de euros. Seis años después de que se aprobara el proyecto, que CX esperaba amortizar con la construcción de dos torres residenciales, el solar sigue tan vacío como entonces.

Denuncias desde arriba contra los bancos

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha llegado en el mes de noviembre a un acuerdo extrajudicial con las autoridades estadounidenses por el que pagará una multa de 13.000 millones de dólares por haber incurrido en prácticas delictivas relacionadas con la venta de hipotecas basura. Esta entidad fue demandada por una agencia estatal en 2011, junto a otros 16 bancos, entre los que se encuentran Barclays, Citigroup y Bank of America.

En Europa, las autoridades de la Unión Europea están preparando por primera vez la imposición de una multa contra seis bancos: Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, RSBC, Crédit Agricole y Société Générale, por la manipulación del Euribor, mientras que Barclays y el Royal Bank of Scotland, entre otros, serán multados por la manipulación del Libor. [La multa impuesta finalmente fue de 1712 millones de euros].

La trampa de los microcréditos para mujeres en Marruecos


Es el mundo al revés. INMAA, una asociación de microcréditos vinculada a la ONG AMSED y a PlanetFinance, del 'capo' Jacques Attali (fundador de Acción contra el Hambre), estafa a mujeres en Marruecos y pide cárcel para los activistas anti-microcréditos que las defienden.
Son muchas las víctimas que denuncian intereses cercanos al 40%
Amina Mourad y Benasser Ismaini coordinadores del movimiento de víctimas de los microcréditos de Ouarzazate (Marruecos) explican a DIAGONAL el fenómeno de los microcŕéditos irregulares en el país.Ambos activistas se enfrentan a cinco años de cárcel, denunciados por INMAA, que cuenta con el apoyo del Fiscal General del Reino, por "estafa", "difamación" y "amenazas". El juez ha aplazado su sentencia al 17 de diciembre, ante la ola de apoyo local e internacional que han despertado.

Se cuentan por miles las mujeres atrapadas por los microcréditos en Marruecos. La estafa se ha perpetrado a través de asociaciones presuntamente sin ánimo de lucro que, bajo el señuelo de la lucha contra la pobreza, "reciben fondos de organismos internacionales como PNUD, USAID, la Unión Europea (UE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la banca alemana, la embajada francesa y otras instituciones públicas y privadas" para ofrecer pequeños préstamos con el propósito de financiar microproyectos para las más pobres. INMAA, Al Amana, Al-Baraka, o Ardi son los nombres de algunas de ellas.

Paradójicamente, estas asociaciones suelen estar representadas por importantes personalidades nacionales o internacionales. Además del mencionado caso de INMAA con Jacques Attali, otra asociación de microcréditos, Al Amana, ha tenido como presidente de honor a Driss Jettu, ex primer ministro de Marruecos con Mohamed VI, y como director al Fouad Abdelmoumni, influyente "actor de la sociedad civil marroquí".
Reguladas por la Ley 97.18, "estas asociaciones no pueden conceder créditos a un interés superior al 4%", aseguran Amina y Benasser. Y, sin embargo, son muchas las víctimas que denuncian intereses cercanos al 40%. El propio Abdelmoumni reconoció al periódico francés 'Libération' "tasas que han podido ascender al 50%". También admitió que "del 2 al 5% de los casos, no ha habido ninguna verificación" a la hora de conceder los préstamos.
El Parlamento marroquí estudia un proyecto de Ley para convertir las asociaciones de microcréditos en sociedades de responsabilidad limitada, lo que supondría transferir dinero público, procedente de organizaciones internacionales, a sociedades financieras privadas. El principal impulsor de esta iniciativa es Tarik Sijilmassi, presidente del Banco de Crédito Agrícola de Marruecos (95% público) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Microcrédito.
Pero, a decir de las víctimas, el problema es que quien está detrás de las asociaciones de microcréditos no es otro que el régimen dictatorial, el Majzén. Cuando las afectadas no pueden hacer frente a las deudas, los representantes del Majzén se presentan en sus casas y les amenazan con la cárcel por no hacer frente al “dinero del Estado, esto es, del Rey”. Y ello independientemente de que en Marruecos no existe la prisión por deudas, sino un mero incumplimiento de obligaciones privadas de las que responde el deudor con sus bienes, pero sin que su libertad esté en peligro. Pero los funcionarios del Estado saben bien el efecto que su presencia tiene en el imaginario popular y cómo a ojos de la población, el miedo a la indisposición con las autoridades tiene más eficacia coactiva que las reclamaciones judiciales civiles de las deudas impagadas.

Según los activistas entrevistados, al inicio de la crisis financiera internacional se producen los primeros impagos y las primeras reclamaciones civiles, que sacan a la luz el escandaloso 'modus operandi' de estos organismos: El 80% de las destinatarias de los microcréditos han sido mujeres, en su mayor parte analfabetas; los contratos estaban escritos en francés, lengua que desconocía la mayoría; el único requisito para conceder el préstamo era enseñar la Carta Nacional de Identidad y una fotografía; los créditos fueron despachados en cuarto de hora en la municipalidad; y en las tablas de amortización, cuyas copias no se entregaban a las interesadas, figuraban unas cuotas que no se correspondían con el 4%, sino que oscilaban entre el 17% y el 36%, esto es, por encima de las tasas de los créditos comerciales. Prueba del carácter abusivo de estos microcréditos es que en la fase de reclamación judicial, en muchos casos, la deuda ha sido rebajada judicialmente, por ejemplo, de 40.000 a 10.000 dirham.
Amina y Benasser insisten en que se trata de créditos no comerciales, cuyo objeto no es la obtención de beneficio sino que son instrumentos de lucha contra la pobreza, lo que es coherente con el carácter público del origen de los fondos. "No pedían ninguna justificación de ingresos o descripción del proyecto a realizar con el crédito, pues en realidad no se trataba de financiar proyectos sostenibles económicamente y de los que pudieran vivir los prestatarios, sino de conseguir nuevas endeudadas a los que esquilmar con intereses usureros", explican.
El resultado ha sido miles de mujeres sobreendeudadas que, en muchos casos, se han visto obligadas a encadenar un microcrédito con otro. A la hora del impago, los recobros pueden ser violentos, informa Lucile Daumas: "A los problemas de pobreza previos, que el acceso a los microcréditos no ha resuelto, se añade el endeudamiento y las presiones para el reembolso que destrozan las familias, conducen a las mujeres a la prostitución o al suicidio".

La posibilidad de una condena de cinco años de cárcel para Amina Mourad y Benasser Ismaini, que ya fueron absueltss después de que cuatro organizaciones de microcrédito retiraran la denuncia contra ellos, ha provocado una ola de apoyo tanto local como internacional. CADTM Internacional, ATTAC Maroc y la CGT de Andalucía impulsan una campaña en la que se solidarizan con las víctimas de las entidades de microcréditos y exigen la absolución y cese de la persecución contra estos dos activistas.

Entre el terror y la corrupción en Afganistán


“La corrupción está socavando la poca legitimidad que le quedaba al gobierno”, señaló Qader Rahimi, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. “La población no confía en el gobierno. No cree que trabaje para el bien de todos”, dijo.
La comunidad internacional hasta ahora ha concentrado su su esfuerzo en luchar contra la red radical islámica Al Qaeda y el terrorismo, pero es tiempo de que se enfoque en el combate a la corrupción, “nuestro mayor enemigo”, añadió.
Las estadísticas disponibles confirman esta urgencia. Según información reunida por la Alta Oficina Afgana para Vigilancia y Lucha contra la Corrupción (HOOAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la mitad de los ciudadanos de este país pagaron una multa en 2012 cuando realizaron un trámite público.
El estudio, titulado “Corruption in Afghanistan: Recent Patterns and Trends” (Corrupción en Afganistán: Patrones y tendencias recientes), divulgado en febrero, calcula que los afganos pagaron 3.900 millones de dólares en coimas el año pasado.
Cuando falta poco más de un año para que las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cedan el control total del territorio a las autoridades locales, la sociedad afgana se pregunta cuáles han sido los progresos desde 2001, cuando la invasión liderada por Estados Unidos desalojó del poder al movimiento islamista Talibán.
Muchos se preguntan cómo puede avanzar este país si hace 12 años que es escenario de combates cada vez más frecuentes y destructivos.
Según el último informe sobre “Protección de civiles en conflictos armados”, elaborado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, el número de bajas civiles aumentó 23 por ciento en los primeros seis meses de este año respecto de 2012.
Toda esta situación se agrava con la falta de confianza de la población en la administración de Karzai.
“Hay una enorme brecha de comunicación entre el pueblo y el gobierno”, advirtió Abdul Khaliq Stanikzai, gerente regional de la no gubernamental Sanayee Development Organisation.
“La población no tiene ni mecanismos ni instrumentos para hacerse oír y para influir en la toma de decisiones del gobierno”, dijo a IPS.
Esto ha creado una gran desconfianza mutua, que se agrava debido a la brecha entre las expectativas creadas y el logro de las aspiraciones en materia económica, de desarrollo, de derechos humanos, de funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, de justicia social e igualdad.
“Tras el derrocamiento del Talibán, la población esperaba un gobierno transparente e igualitario. Ahora, nadie espera nada del gobierno”, dijo Asif Karimi, coordinador de proyectos en Kabul de The Liaison Office, organización dedicada al fomento de la paz entre comunidades afganas.
La mayoría de los afganos, apuntó, repudian tanto al Talibán como al gobierno de Karzai.
Por su parte, Mirwais Ayobi, profesor de derecho y ciencias políticas en la Universidad de Herat, cree que la población se vuelca cada vez más por el movimiento islamista. “Si le pides al Talibán que resuelva una disputa, se enfoca en lograr una reconciliación”, dijo a IPS.
Ayobi considera que la corrupción en el sistema político y administrativo es un enorme desafío, porque erosiona la confianza de los ciudadanos.
Afganistán se ubicó en el tercer lugar del Índice de Percepción de la Corrupción 2012, elaborado por la organización Transparencia Internacional, detrás de Somalia y Corea del Norte.
El monto de los sobornos varía de un sector a otro, según el estudio de HOOAC-UNODC.
“Las coimas suelen ser mayores en el sistema judicial”, señaló, donde promedian los 300 dólares. Mientras, los sobornos que cobran funcionarios de aduanas rondan los 200 dólares, y los que exigen otros empleados públicos van de 100 a 150.
Muchos analistas creen que se trata de un problema estructural, entre ellos Rahman Salahi, exdirector de la Shura de Profesionales de Herat, organización no política que reúne a abogados, economistas, maestros, ingenieros y otros que demandan una más activa participación de la sociedad civil en la reconstrucción del país.
“Hasta hace pocos años, teníamos lo que básicamente era un sistema económico socialista, basado en el molde dejado por la ocupación soviética”, explicó Salahi .
“Cuando intervino la comunidad internacional adoptamos un sistema de libre mercado sin contar con las adecuadas estructuras institucionales para supervisarlo o para adoptar pautas”, añadió.
Antonio Giustozzi, catedrático visitante en el Departamento de Estudios de Guerra en el King’s College de Londres y experto en Afganistán, explicó que “la cantidad de ayuda enviada al país, así como los mecanismos para su distribución y asignación, excedieron la capacidad de absorción de la sociedad y de las instituciones para administrarla”.
Este desajuste entre el flujo de ayuda y la estrecha capacidad de absorción dio lugar a la corrupción, que ahora está “totalmente enraizada en el sistema político”, señaló el analista.
Aparte de esas razones estructurales, la comunidad internacional también habría fomentado una cultura de impunidad en el país al fortalecer a los señores de la guerra.
Organismos internacionales “les dieron poder político y dinero a los señores de la guerra, a esos que cometieron crímenes, a esos que mataron a miles de inocentes, a esos que están involucrados en el sistema de corrupción”, afirmó Sayed Ikram Afzali, jefe de cabildeo y comunicaciones de la organización Integrity Watch Afghanistan.
“La población pensaba que las cosas cambiarían, que habría justicia e igualdad tras la derrota del Talibán”, dijo , pero eso no ocurrió.
No obstante, todavía cree que hay esperanza. “Los señores de la guerra no tienen raíces en la población, porque le han negado la justicia social a los afganos y secuestraron al Estado. Es tiempo de que el Estado se libere de estas personas”, señaló. Fuente: periodismohumano