Algunas van dirigidas contra directivos de bancos. Otras piden cuentas a los responsables políticos de las privatizaciones o de las propias entidades financieras. Pero todas ellas tienen algo en común: las han presentado alianzas de movimientos sociales y grupos de afectados. Las querellas o denuncias populares por corrupción política o delitos económicos se han multiplicado con la crisis: sólo en los últimos dos años, la Audiencia Nacional ha recibido cinco de estas querellas, de las cuales ya está instruyendo las relativas al caso Bárcenas y al conocido como “caso Bankia” [Tras cerrarse el número en el que fue editado este artículo, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de PAH Madrid contra el Santander]. Y las causas que se dirimen en tribunales autonómicos, como la que implica a los responsables de la sanidad madrileña con Esperanza Aguirre o la que ha provocado la suspensión de los secretarios de organización y de política municipal de los socialistas catalanes, causas que ya están condicionando la agenda política pese a encontrarse en sus primeras fases.
Las sentencias que han dado la razón a las demandas populares generalmente han tenido que ver con delitos ambientales o cuestiones relacionadas con los derechos humanosEl punto de partida es poco esperanzador. Según la última encuesta monográfica del CIS sobre la percepción de la Justicia en España, publicada en febrero de 2011, el 77,4% de las personas consultadas estaba poco o nada de acuerdo con la afirmación “la Justicia trata por igual a ricos y a pobres”, y un 82,6% de los encuestados creía que las leyes favorecen a unos ciudadanos más que a otros. En los barómetros que el centro publica mes a mes, la administración de Justicia no figura entre los primeros problemas que citan las personas encuestadas, pero su imagen ha empeorado en los últimos años.
“Aquí hay una impunidad total. Hay una cierta clase que puede robar a quien quiera, mientras que en EE UU han juzgado a la banca y han tenido que pagar”, explica a DIAGONAL una de las accionistas de Bankia que ha colaborado en la última de las querellas ciudadanas por delitos económicos presentadas ante la Audiencia Nacional: la que interpuso en noviembre el 15M a través del Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ). La querellante, que prefiere no identificarse, ha vivido casi toda su vida fuera del país. Al regresar a comienzos de la pasada década, en pleno auge del ladrillo, venía confiada en que “éste era un país serio”. Hoy comenta que el propio notario que tramitó la querella reconoció haber suscrito acciones de Bankia por valor de 6.000 euros. Las mismas que salieron al mercado con un precio de 3,75 euros por acción para hundirse a menos de 0,70.
A ella le “volaron” 3.000 euros con el batacazo de Bankia en junio de 2012. Por este motivo decidió sumarse a la petición de colaboración del TCJ. Esta querella, no obstante, no se presenta por la operación con la que Rodrigo Rato y compañía trataron presuntamente de tapar millones de euros de agujero contable, circunstancia que ya investiga el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional a instancias, entre otros, de la campaña 15MpaRato. El TCJ se remonta más atrás: a los préstamos hipotecarios, contratos de compraventa y, sobre todo, informes de tasaciones, en los que participaron Caja Madrid y sus tasadoras entre 2003 y 2008. El TCJ considera que los directivos inflaron intencionadamente los precios de los pisos en connivencia con las tasadoras, y eso es lo que quieren que investigue la Audiencia Nacional. Para ello han trabajado dos años hasta recopilar hasta 16.000 páginas de expedientes.
Jueces díscolos
Casos como el de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y uno de los 90 directivos de la entidad incluidos por el TCJ en su querella, podrían ayudar a reforzar esta percepción de impunidad y descontrol. Enviado a prisión en dos ocasiones por el juez Elpidio José Silva, por su participación en la venta del City National Bank de Florida, Blesa se convertía en 2013 en el primer banquero en pisar la cárcel desde el expresidente de Banesto, Mario Conde, en 1994. Sin embargo, el caso no ha tardado en volverse contra el juez instructor que, a pesar de denunciar presiones para abandonar las investigaciones por parte de la Fiscalía y otras instancias y de pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial, ha acabado suspendido temporalmente de sus funciones e imputado por prevaricación y por “dos delitos contra la libertad individual”. [El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció este lunes el procesamiento de Silva y ordenó una fianza de 8.000 euros]. Al igual que el juez Silva, también Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha denunciado, tras aceptar la querella presentada por el colectivo médico AFEM, presiones de la Fiscalía madrileña para que deje de investigar a los exconsejeros de Sanidad madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela, imputados por prevaricación y cohecho por supuestas irregularidades en la primera etapa de la privatización de los hospitales madrileños, que se inició en 2004. La Fiscalía ha llegado a acusar al magistrado de “instruir una causa general, prohibida en nuestro ordenamiento”, y se ha adherido al recurso presentado por Güemes, al de la aseguradora Asisa y al de Unilabs, algunas de las empresas imputadas en la causa.
Defensores de los corruptos
“Todos los ciudadanos observan indignados este espectáculo de ‘fiscales defensores’ de los corruptos con poder, en procesos como el insólito auto de ‘desimputación’ de la infanta en el caso Noos [...], por no hablar del caso Gürtel, donde parecería que el papel de la Fiscalía es hacer tiempo para que prescriban los delitos. Es ya imposible confiar en unas fiscalías que operan de esta manera”, denunciaban recientemente desde 15MpaRato.
Esta campaña afirma que en el caso de la estafa de las preferentes denunciada por ellos, “la Fiscalía se ha opuesto a la apertura de ninguna investigación; antes incluso de que presentáramos ninguna querella. El fiscal general del Estado se reunió en septiembre de 2012 con los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia para ‘decidir’ que no se perseguirían penalmente las preferentes”.
Pero todo esto no ha impedido que las querellas o denuncias ciudadanas se prodiguen en los últimos tiempos. “Tenemos todo un aparato institucional del Estado de supervisión y control de poderes que no está haciendo su trabajo, por tanto deja a la ciudadanía como único ámbito para la reivindicación de justicia en un sentido global y general”, afirma Carolina Bescansa, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. También el abogado Rafa Mayoral, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), opina que “las denuncias que se presentan ante la autoridad judicial lo que vienen es a dejar claro que existe una situación de impunidad y una auténtica inacción por parte de los poderes públicos para garantizar los derechos de los ciudadanos”.
El 31 de octubre, 28 personas afectadas, apoyadas por la PAH Madrid, presentaron ante la Audiencia Nacional una denuncia penal contra Emilio Botín, Ana Patricia Botín, Alfredo Sáenz y otros 17 directivos de la financiera UCI, el Banco Santander, el BNP-Paribas y la tasadora Valtecnic, además de contra las cuatro entidades, por delitos de estafa continuada, contra los consumidores, contra el orden socioeconómico y por asociación ilícita en concurso con organización criminal por la comercialización de hipotecas basura. Se trata de la primera denuncia penal enmarcada en la campaña Juicio y Castigo de la PAH, que no descarta presentar más en el futuro, aunque el elemento central de la campaña, explica Rafa Mayoral, no es el componente judicial, sino “la movilización social de denuncia de la impunidad”.
Buscando precedentes
Los delitos de cuello blanco, por lo menos aquellos denunciados por movimientos de base, cuentan con pocos precedentes de éxito. Las sentencias que han dado la razón a las demandas populares generalmente han tenido que ver con delitos ambientales o cuestiones relacionadas con los derechos humanos: la estrategia de juicio y castigo a los culpables impulsada por los abogados de PAH Madrid así lo reconoce implícitamente, al aludir a la demanda de “justicia, verdad y reparación” definida como reclama política en los juicios impulsados por las víctimas de las dictaduras del Cono Sur.
El caso de Ecuador marca un precedente negativo. Juan Carlos Calderón, director de la revista digital Plan V, explica a DIAGONAL que años después de la crisis financiera que asoló al país a finales de los 90 “no está claro el balance de cuánto se le debe a los ahorradores y al Estado que tuvo que hacerse cargo del rescate de los bancos”. El balance social sí está claro: cerca de tres millones de personas que tuvieron que salir del país y una devaluación de los depósitos bancarios de hasta el 1.000% después de que el Gobierno de Jamil Mahuad decidiera dolarizar la economía.
Y no fue la ausencia de un movimiento social fuerte que respaldara las querellas lo que le faltó al país. Tanto las asociaciones de ahorradores como los movimientos sociales integrados en la Asamblea de los Pueblos, “un Congreso paralelo”, como la define Calderón, comenzaron a identificar y denunciar a los culpables del desastre. “Las demandas no prosperaron porque el poder político estaba conchabado con ellos”, señala el periodista. Un banquero próximo a Mahuad, Fernando Azpiazu, fue condenado a ocho años de cárcel, pero no por administración desleal o mala gestión, sino por delitos fiscales. Los hermanos Roberto y William Isaías, cuyas pérdidas fueron las primeras en ser nacionalizadas y que dejaron una deuda de 600 millones de dólares al Estado ecuatoriano, permanecen prófugos en Miami. “El daño causado es irreversible”, concluye Calderón.
En el Estado español, de momento quienes anhelan una Justicia más igualitaria deben conformarse con todavía menos. Los dirigentes socialistas catalanes Daniel Fernández y Manel Bustos (respectivamente, secretario de Organización y secretario de Política Municipal del PSC) fueron apartados de la dirección tras conocerse su imputación en el llamado caso Mercurio, una investigación por tráfico de influencias centrada en los 13 años de gestión de Bustos en el Ayuntamiento de Sabadell. Las Candidaturas de Unidad Popular (CUP) son acusación particular en este caso y en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción catalana en el caso de Catalunya Caixa (CX).
También en este último caso es un peso pesado del PSC el objetivo de las pesquisas: Narcís Serra. Quien fuera vicepresidente del Gobierno de González es investigado por administración desleal de la entidad en el momento de su intervención por el Estado. El 1 de diciembre el juzgado que instruye el caso admitió a trámite la ampliación de la querella de las CUP, que ve sospechosa la compra por parte de CX de unos terrenos municipales en Lleida por valor de 50 millones de euros. Seis años después de que se aprobara el proyecto, que CX esperaba amortizar con la construcción de dos torres residenciales, el solar sigue tan vacío como entonces.
Denuncias desde arriba contra los bancos
El banco estadounidense JPMorgan Chase ha llegado en el mes de noviembre a un acuerdo extrajudicial con las autoridades estadounidenses por el que pagará una multa de 13.000 millones de dólares por haber incurrido en prácticas delictivas relacionadas con la venta de hipotecas basura. Esta entidad fue demandada por una agencia estatal en 2011, junto a otros 16 bancos, entre los que se encuentran Barclays, Citigroup y Bank of America.
En Europa, las autoridades de la Unión Europea están preparando por primera vez la imposición de una multa contra seis bancos: Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, RSBC, Crédit Agricole y Société Générale, por la manipulación del Euribor, mientras que Barclays y el Royal Bank of Scotland, entre otros, serán multados por la manipulación del Libor. [La multa impuesta finalmente fue de 1712 millones de euros].
