Konecta, cuyo socio mayoritario es el Banco Santander, despidió el 25 de octubre a Amaya Muñoz, después de 3 meses trabajando para la empresa y amparándose en la nueva reforma laboral, que permite despedir a un empleado por faltar nueve días hábiles de forma intermitente en dos meses consecutivos. Amaya, desahuciada por más de 100 antidisturbios el 11 de septiembre, causó baja durante diez días debido a problemas de ansiedad. Esta mañana, el grupo de respuesta formado por activistas de la Asamblea Stop Desahucios de Madrid y miembros del sindicato CGT, llevaba la protesta en repulsa del despido, de nuevo, a la sede de Konecta. En el desolado polígono industrial al sur de Alcobendas, 5 kilómetros al norte de las Torres Kío, donde la empresa tiene sus oficinas, se cerraba un círculo de acciones que comenzó con una manifestación en el mismo lugar y cuatro días después del cese. Continuó el 14 de noviembre en la sede central del Banco Santander y el pasado 6 de diciembre se concentró de nuevo en la sede de Aegón, la aseguradora para la que Amaya prestaba servicios en el momento de su despido. Mientras Amaya trataba de conseguir una reunión con Jaime Castel, responsable de Relaciones Laborales de Konecta, sus compañeros entraban en los dos centros de llamadas de la segunda planta, al grito de “Amaya readmisión”, causando especial incomodidad en el primero de ellos, antiguo lugar de trabajo de Amaya, en donde, en un despacho contiguo, la empresa se encontraba reunida con un cliente. Al cabo de diez minutos y ante la imposibilidad de atender las llamadas con normalidad por el ruido que generaba la protesta, los supervisores intentaron encerrar a los participantes haciendo salir primero a todos los empleados. Con la policía ya de camino, los activistas salieron sin demasiado esfuerzo del primer centro de llamadas para bloquear también el segundo. La protesta duró otros diez minutos en los que los trabajadores del centro guardaron absoluto silencio. Veinte minutos después de la entrada al edificio, doce policías nacionales de uniforme, cinco de ellos sin el número de placa visible, más dos agentes de paisano, tomaban el control del rellano de la segunda planta, obligando a los manifestantes a bajar al recibidor sin hacer más ruido, mientras intentaban mediar entre Amaya y Konecta. Una vez abajo, policía identificó a dos periodistas y a tres participantes. Uno de los agentes sin número de placa visible ordenaba a uno de ellos que borrara las fotos que acababa de hacer con su teléfono móvil para después sacarle del edificio a empujones. Castels, que no había recibido a Amaya, después del intento de mediación de la policía se limitó a remitirse a la demanda de conciliación que tendrá lugar mañana a las 9 en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes decidieron, en asamblea, dar por terminada la acción y esperar a la conciliación para decidir sus próximas acciones.
La mañana del 11 de septiembre, 12 furgonetas de antidisturbios y más de 100 agentes ejecutaron el desahucio de Amaya. La policía llegó a las 6:55, tres horas y media antes de la hora programada por el juzgado, para acordonar la zona e impedir la llegada de activistas que pudieran pararlo.
