Para cada afirmación indicar si es verdadera o falsa:
1) La siguiente afirmación es falsa.
2) El problema tiene solución única.
Problemita de lógica (4)
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1) La siguiente afirmación es falsa.
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La trampa de los microcréditos para mujeres en Marruecos
Es el mundo al revés. INMAA, una asociación de microcréditos vinculada a la ONG AMSED y a PlanetFinance, del 'capo' Jacques Attali (fundador de Acción contra el Hambre), estafa a mujeres en Marruecos y pide cárcel para los activistas anti-microcréditos que las defienden.
Son muchas las víctimas que denuncian intereses cercanos al 40%
Amina Mourad y Benasser Ismaini coordinadores del movimiento de víctimas de los microcréditos de Ouarzazate (Marruecos) explican a DIAGONAL el fenómeno de los microcŕéditos irregulares en el país.Ambos activistas se enfrentan a cinco años de cárcel, denunciados por INMAA, que cuenta con el apoyo del Fiscal General del Reino, por "estafa", "difamación" y "amenazas". El juez ha aplazado su sentencia al 17 de diciembre, ante la ola de apoyo local e internacional que han despertado.
Se cuentan por miles las mujeres atrapadas por los microcréditos en Marruecos. La estafa se ha perpetrado a través de asociaciones presuntamente sin ánimo de lucro que, bajo el señuelo de la lucha contra la pobreza, "reciben fondos de organismos internacionales como PNUD, USAID, la Unión Europea (UE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la banca alemana, la embajada francesa y otras instituciones públicas y privadas" para ofrecer pequeños préstamos con el propósito de financiar microproyectos para las más pobres. INMAA, Al Amana, Al-Baraka, o Ardi son los nombres de algunas de ellas.
Paradójicamente, estas asociaciones suelen estar representadas por importantes personalidades nacionales o internacionales. Además del mencionado caso de INMAA con Jacques Attali, otra asociación de microcréditos, Al Amana, ha tenido como presidente de honor a Driss Jettu, ex primer ministro de Marruecos con Mohamed VI, y como director al Fouad Abdelmoumni, influyente "actor de la sociedad civil marroquí".
Reguladas por la Ley 97.18, "estas asociaciones no pueden conceder créditos a un interés superior al 4%", aseguran Amina y Benasser. Y, sin embargo, son muchas las víctimas que denuncian intereses cercanos al 40%. El propio Abdelmoumni reconoció al periódico francés 'Libération' "tasas que han podido ascender al 50%". También admitió que "del 2 al 5% de los casos, no ha habido ninguna verificación" a la hora de conceder los préstamos.
El Parlamento marroquí estudia un proyecto de Ley para convertir las asociaciones de microcréditos en sociedades de responsabilidad limitada, lo que supondría transferir dinero público, procedente de organizaciones internacionales, a sociedades financieras privadas. El principal impulsor de esta iniciativa es Tarik Sijilmassi, presidente del Banco de Crédito Agrícola de Marruecos (95% público) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Microcrédito.
Pero, a decir de las víctimas, el problema es que quien está detrás de las asociaciones de microcréditos no es otro que el régimen dictatorial, el Majzén. Cuando las afectadas no pueden hacer frente a las deudas, los representantes del Majzén se presentan en sus casas y les amenazan con la cárcel por no hacer frente al “dinero del Estado, esto es, del Rey”. Y ello independientemente de que en Marruecos no existe la prisión por deudas, sino un mero incumplimiento de obligaciones privadas de las que responde el deudor con sus bienes, pero sin que su libertad esté en peligro. Pero los funcionarios del Estado saben bien el efecto que su presencia tiene en el imaginario popular y cómo a ojos de la población, el miedo a la indisposición con las autoridades tiene más eficacia coactiva que las reclamaciones judiciales civiles de las deudas impagadas.
Según los activistas entrevistados, al inicio de la crisis financiera internacional se producen los primeros impagos y las primeras reclamaciones civiles, que sacan a la luz el escandaloso 'modus operandi' de estos organismos: El 80% de las destinatarias de los microcréditos han sido mujeres, en su mayor parte analfabetas; los contratos estaban escritos en francés, lengua que desconocía la mayoría; el único requisito para conceder el préstamo era enseñar la Carta Nacional de Identidad y una fotografía; los créditos fueron despachados en cuarto de hora en la municipalidad; y en las tablas de amortización, cuyas copias no se entregaban a las interesadas, figuraban unas cuotas que no se correspondían con el 4%, sino que oscilaban entre el 17% y el 36%, esto es, por encima de las tasas de los créditos comerciales. Prueba del carácter abusivo de estos microcréditos es que en la fase de reclamación judicial, en muchos casos, la deuda ha sido rebajada judicialmente, por ejemplo, de 40.000 a 10.000 dirham.
Amina y Benasser insisten en que se trata de créditos no comerciales, cuyo objeto no es la obtención de beneficio sino que son instrumentos de lucha contra la pobreza, lo que es coherente con el carácter público del origen de los fondos. "No pedían ninguna justificación de ingresos o descripción del proyecto a realizar con el crédito, pues en realidad no se trataba de financiar proyectos sostenibles económicamente y de los que pudieran vivir los prestatarios, sino de conseguir nuevas endeudadas a los que esquilmar con intereses usureros", explican.
El resultado ha sido miles de mujeres sobreendeudadas que, en muchos casos, se han visto obligadas a encadenar un microcrédito con otro. A la hora del impago, los recobros pueden ser violentos, informa Lucile Daumas: "A los problemas de pobreza previos, que el acceso a los microcréditos no ha resuelto, se añade el endeudamiento y las presiones para el reembolso que destrozan las familias, conducen a las mujeres a la prostitución o al suicidio".
La posibilidad de una condena de cinco años de cárcel para Amina Mourad y Benasser Ismaini, que ya fueron absueltss después de que cuatro organizaciones de microcrédito retiraran la denuncia contra ellos, ha provocado una ola de apoyo tanto local como internacional. CADTM Internacional, ATTAC Maroc y la CGT de Andalucía impulsan una campaña en la que se solidarizan con las víctimas de las entidades de microcréditos y exigen la absolución y cese de la persecución contra estos dos activistas.
Secuestrados los periodistas Javier Espinosa y Ricardo G. Vilanova en Siria
Desde el 16 de Septiembre de 2013 permanecen secuestrados los periodistas españoles por un grupo afín a Al Qaeda en Siria.
También continúa secuestrado el periodista Marc Marginedas.
Bloquean Konecta para pedir la readmisión de Amaya, despedida por asistir a su desahucio
Konecta, cuyo socio mayoritario es el Banco Santander, despidió el 25 de octubre a Amaya Muñoz, después de 3 meses trabajando para la empresa y amparándose en la nueva reforma laboral, que permite despedir a un empleado por faltar nueve días hábiles de forma intermitente en dos meses consecutivos. Amaya, desahuciada por más de 100 antidisturbios el 11 de septiembre, causó baja durante diez días debido a problemas de ansiedad. Esta mañana, el grupo de respuesta formado por activistas de la Asamblea Stop Desahucios de Madrid y miembros del sindicato CGT, llevaba la protesta en repulsa del despido, de nuevo, a la sede de Konecta. En el desolado polígono industrial al sur de Alcobendas, 5 kilómetros al norte de las Torres Kío, donde la empresa tiene sus oficinas, se cerraba un círculo de acciones que comenzó con una manifestación en el mismo lugar y cuatro días después del cese. Continuó el 14 de noviembre en la sede central del Banco Santander y el pasado 6 de diciembre se concentró de nuevo en la sede de Aegón, la aseguradora para la que Amaya prestaba servicios en el momento de su despido. Mientras Amaya trataba de conseguir una reunión con Jaime Castel, responsable de Relaciones Laborales de Konecta, sus compañeros entraban en los dos centros de llamadas de la segunda planta, al grito de “Amaya readmisión”, causando especial incomodidad en el primero de ellos, antiguo lugar de trabajo de Amaya, en donde, en un despacho contiguo, la empresa se encontraba reunida con un cliente. Al cabo de diez minutos y ante la imposibilidad de atender las llamadas con normalidad por el ruido que generaba la protesta, los supervisores intentaron encerrar a los participantes haciendo salir primero a todos los empleados. Con la policía ya de camino, los activistas salieron sin demasiado esfuerzo del primer centro de llamadas para bloquear también el segundo. La protesta duró otros diez minutos en los que los trabajadores del centro guardaron absoluto silencio. Veinte minutos después de la entrada al edificio, doce policías nacionales de uniforme, cinco de ellos sin el número de placa visible, más dos agentes de paisano, tomaban el control del rellano de la segunda planta, obligando a los manifestantes a bajar al recibidor sin hacer más ruido, mientras intentaban mediar entre Amaya y Konecta. Una vez abajo, policía identificó a dos periodistas y a tres participantes. Uno de los agentes sin número de placa visible ordenaba a uno de ellos que borrara las fotos que acababa de hacer con su teléfono móvil para después sacarle del edificio a empujones. Castels, que no había recibido a Amaya, después del intento de mediación de la policía se limitó a remitirse a la demanda de conciliación que tendrá lugar mañana a las 9 en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes decidieron, en asamblea, dar por terminada la acción y esperar a la conciliación para decidir sus próximas acciones.
La mañana del 11 de septiembre, 12 furgonetas de antidisturbios y más de 100 agentes ejecutaron el desahucio de Amaya. La policía llegó a las 6:55, tres horas y media antes de la hora programada por el juzgado, para acordonar la zona e impedir la llegada de activistas que pudieran pararlo.