“La tortura es una herramienta de control social, y provoca consecuencias emocionales muy profundas a sus víctimas”, explica María Ángeles Plaza, psicóloga especializada en víctimas de tortura de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. El último informe de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPT) recogió 851 denuncias de agresiones por parte de funcionarios públicos en el Estado español en 2012. Aunque aún no hay cifras de 2013, según explica a DIAGONAL Jorge del Cura, miembro de esta coordinadora, “hay la sensación de que están aumentado”.
En 2012 se contaron 591 denuncias de torturas o malos tratos en movilizaciones sociales.En la mayoría de los casos, tuvieron lugar durante la detención y el traslado a comisaría. “Hay detenidos que, en los traslados, han vomitado por los golpes recibidos”, señala Silvia Yáñez, de la Comisión Legal Sol. Es el caso de Pablo, de 18 años, detenido en la manifestación en Madrid en solidaridad con Gamonal. Su madre, Natalia Biscari, relata que, estando esposado en el suelo, “le dieron patadas y golpes en la cabeza, costados y piernas”.
Muchas de estas personas, como consecuencia de haber sufrido torturas o malos tratos,“tienen pesadillas o desarrollan tipos de miedo, como entrar en pánico cuando ven a un policía. Algunos de ellos dejan de ir a manifestaciones”, explica Yáñez. Desde la Comisión Legal Sol han puesto en marcha un grupo de acompañamiento psicosociala las personas que han sufrido torturas y malos tratos en movilizaciones. El grupo, formado por médicos y psicólogos, trabaja unas pautas para detectar daños. Al análisis psicológico se le une un contrainforme médico, pues, en muchos casos, el parte del Samur dista bastante de la realidad: “Nos hemos encontrado con algún caso en el que el parte de un agredido decía que tenía una contusión en un hombro, y tenía la clavícula rota. Siempre recomendamos ir a un centro de salud público para que te den un informe de las contusiones”.
Torturas en cárceles
Informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europadenunciaban en 2011 que, en su visita a algunas prisiones de Andalucía, encontraroncamas sobre cemento donde los presos eran esposados de pies y manos. En Puerto III, en Cádiz, la mayoría de los presos declararon haber sido víctimas de torturas en salas donde no había circuito cerrado de televisión. En mayo de 2012, la Consejería de Justicia e Interior andaluza dejó de sufragar el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria en las prisiones. “16.219 personas presas han quedado abandonadas”, explica Valentín Aguilar, coordinador del Área de Cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). A mediados de febrero se presentó un borrador para retomar el servicio de asistencia jurídica en estas prisiones, pero con un recorte del 65%.
Desde la APDHA denuncian también la falta de atención sanitaria en las prisiones. Losdatos de Instituciones Penitenciarias muestran que, en 2012, murieron en las cárceles españolas 166 reclusos. Aguilar denuncia la falta de atención, sobre todo en cuanto al tratamiento de la hepatitis: “No se les dispensa la misma medicación y eso genera disfunciones y peligro para su vida”. La falta de asistencia sanitaria como forma de tortura ha llegado a los tribunales recientemente con el caso de H.G.A., que en los 18 años que lleva en la cárcel ha sufrido litiasis y la enfermedad de Dupuytren. Los ocho traslados de prisión han impedido, según denunciaron desde la APDHA, que fuera tratado correctamente, lo que le ha ocasionado la amputación de un dedo.
La asistencia médica en las prisiones es otro punto rojo que dificulta la denuncia de torturas. La normativa penitenciaria exige que, cuando una persona presa manifiesta que ha sufrido tortura, el personal médico haga un parte de lesiones con el testimonio y se hagan las comprobaciones oportunas. “Es una obligación que no están cumpliendo y crea indefensión”, afirma Aguilar. Los internos en régimen de incomunicación, o FIES, son los más desprotegidos. Reciben una visita diaria de un médico forense. “Les toma la temperatura, les pregunta si les están tratando bien, pero¿qué respondes cuando te quedan aún cuatro días de torturas?”, señala Plaza. “Aunque depende del profesional, hay médicos que han visto muestras de torturas y no las han denunciado”, continúa.
A pesar de que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud Español, de mayo de 2003, ordenaba que, en el plazo de 18 meses, se traspasara el personal médico al sistema sanitario de las comunidades autónomas, hasta ahora sólo se ha hecho en Catalunya. El personal de las cárceles del resto del Estado depende del Ministerio de Interior, a pesar de las reclamaciones del propio personal sanitario de las prisiones.
Tortura psicológica
Según explica Plaza, en los últimos años la tortura psicológica ha ganado terreno frente a la física. “En el propio recinto de la comisaría lo que hemos visto sobre todo son tratos degradantes, muchos insultos. A veces nos encontramos con policías encapuchados o que obligan a los detenidos a mirar al suelo o a la pared durante horas, a hacer pis en la celda o les desorientan mintiéndoles sobre la hora para que pierdan la noción del tiempo”, explica Yáñez.
En el País Vasco va más allá. “Hemos conocido casos bestiales, como un chico al que le dijeron que su madre se había suicidado por su detención. A ese chico no le tocaron un pelo y podría pensar que otros, que han recibido una paliza, sí se pueden quejar, pero él no”, explica Plaza. La amenaza de usar electrodos, la simulación de ejecuciones en los traslados... es una tortura “más refinada” que la que se empleaba en los años 80, “pero muchas veces es más fácil recuperarse de los golpes que de este tipo de tortura”, afirma Plaza, quien señala la culpa provocada por la delación bajo tortura como “la consecuencia que se lleva más dentro”. “Al final, recompones tu autoestima, tus creencias, tu vida, pero siempre se tiene dentro eso, que te pusieron a prueba y fallaste. Y todos delatamos en una determinada situación”.
Para Plaza, si bien el trauma como consecuencia de las torturas casi siempre existe, éste no suele ser el mismo para una persona que acude puntualmente a una manifestación que para personas que participan activamente en colectivos. “Para una persona que pasa por ahí y es golpeada, el choque que eso va a tener con la realidad es brutal. Las consecuencias psicológicas de ese trauma van a ser mayores que las de muchas personas que pueden estar más politizadas y le dan un sentido a lo que están haciendo y a las consecuencias que puede tener”.
Los efectos de la tortura suelen ser emocionales: miedos, pesadillas, repetición de imágenes, problemas de autoestima, identidad, sueño, procesos depresivos... La familia de la víctima también sufre sus efectos, como comenta Pastora, madre de Xosé Tarrio, quien relató las torturas que sufrió antes de morir en prisión en su libro Huye, hombre, huye: “No acaban sólo con el preso, también con la familia. Yo nunca seré la misma”. Pastora ha reaccionado a esa tragedia volcándose en el colectivo Nais contra a Impunidade, desde donde denuncian otros casos de torturas en prisión. “Me quisieron mandar fármacos para que olvidara, pero yo no quiero olvidar, quiero luchar”.
Tras la tortura, el proceso para superar el trauma es otro largo camino. “Una de las primeras cosas que hay que hacer es lograr que la persona narre lo sucedido hasta lo que pueda o quiera, y después tratar los aspectos que hayan sido dañados, que pueden ser más emocionales, porque tocan sentimientos muy profundos que hay que restablecer”, explica Oihana Barrios, psicóloga de la asociación Jaiki Hadi, que desde hace siete años se dedica a dar asistencia a personas que han sufrido represión y torturas. Según añade, “lo que se conoce como consecuencias de un hecho violento, un estrés postraumático, tiene una sintomatología muy específica, pero lo fundamental es buscarle lógica, entender por qué ha pasado lo que ha pasado. Luego, normalmente, hay un cambio de valores, de ver el mundo, de cómo consideras al ser humano, porque con la tortura se rompen valores humanos muy profundos, lo que está bien o mal, la confianza en el ser humano. Eso hay que volver a restablecerlo, volver a hacer un esquema mental nuevo”.
La impunidad que muchas veces acompaña al empleo de la tortura por parte de los cuerpos de seguridad supone un nuevo golpe para la víctima. Oihana Barrios ha conocido, según explica a DIAGONAL, muchos casos en los que las víctimas prefieren no denunciar “porque no tienen confianza en la justicia y porque tienen miedo de afrontar el proceso judicial, ya que se les obliga a dar la narración varias veces y eso puede ser muy retraumatizante”.
Según datos de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, en los últimos diez años se han contado alrededor de 700 sentencias condenatorias a policías acusados de lesiones y torturas de 7.000 casos de agresiones estudiados. Según Jorge del Cura, “sólo del 5% al 10% de los casos que conocemos llega a una sentencia condenatoria, el resto se archiva sin llegar a identificar a ningún funcionario”. A esto se le une un proceso judicial muy largo, que llega a los seis años de media.
“Nosotros lo llamamos traumatización secundaria”, explica Barrios, quien concluye que en muchos casos es el simple reconocimiento de la verdad de la propia víctima” lo que actúa como terapia. Fuente: diagonal
