¿Quiénes son la Troika?

La tríada formada por la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es lo que se conoce como la Troika, un conjunto de organizaciones de las que sólo hay información sobre las conclusiones o memorandos de entendimiento que publican sobre los países rescatados a los que asisten. Sin embargo, se ignora cómo estas instituciones llegan a tomar estas decisiones que están determinando el futuro de los ciudadanos europeos, pero en mayor medida la de los griegos, irlandeses, portugueses, chipriotas y españoles.

Pero, ¿cuál es el trabajo que realizan estas instituciones? Entre30 y 40 expertos de las tres instituciones son enviados al país que se debe examinar para controlar que se están llevando a cabo las medidas impuestas, aseguran fuentes comunitarias a Público. Cuatro veces al año estos técnicos examinan los estados centrándose en ámbitos como la política presupuestaria, el marco macro-económico, las reformas estructurales o las reformas bancaria, y aseguran que se están cumpliendo los requisitos especificados. No sólo existe un equipo itinerante, sino que la Comisión Europea y el FMI mantienen personal en Atenas, Dublín y Lisboa, con el fin de "asegurar un diálogo continuo con las autoridades", detallan fuentes europeas. En este sentido, Servaas Deroose es el Jefe de Misión en España, puesto que la Comisión Europea no tiene un representante permanente en Madrid, a diferencia del FMI.

La Comisión Europea y el FMI mantienen personal en Atenas, Dublín y Lisboa Según han explicado a este diario fuentes europeas, el trabajo que realizan se basa en un análisis "muy exhaustivo" de los datos que se disponen sobre el país en cuestión. Estos datos se obtienen tras reunirse con una serie de interlocutores del gobierno, la Administración, partes interesadas como empresarios, trabajadores, y algunos académicos. Sobre este trabajo técnico, los jefes de misión; generalmente tres, puesto que cada institución designa a uno, discuten con los líderes políticos la orientación del programa y las medidas clave que han de tomarse, las cuales se publican en el memorándum de entendimiento. Sobre la base de este memorando y las conclusiones de la misión, el Eurogrupo decide sobre cada desembolso de la asistencia financiera que estimen necesaria para cada país.

La diferencia entre los equipos de la Comisión, el FMI y el BCE reside principalmente en este último organismo, que al no tener derecho a prestar dinero a países, no toma en ningún momento ninguna decisión y no ha firmado ningún memorando de entendimiento. El BCE no tiene derecho a prestar dinero a países, por lo que normalmente no tendría ningún papel en esta tríada. Sin embargo, los estados miembros durante la negociación del primer rescate entre la Unión Europea, el FMI y Grecia pidieron que esta organización formara parte de la Troika. La labor que tienen los expertos del BCE es de la misma clase que las otras instituciones, pero tiene una función meramente consultiva. "La cooperación de los equipos de las misiones del BCE con los del FMI y la Comisión Europea es muy estrecha y constructiva y se realiza en un excelente espíritu de equipo", aseguran fuentes del BCE a Público.

En España el trabajo de análisis se basa principalmente en la estabilidad financiera y en la salud de los bancos, es decir, de analizar la situación de la banca en general. Mientras, en otros países, como en Grecia, se tratan asuntos económicos relacionados con las finanzas públicas, impuestos, etc.

Los funcionarios de la Troika cuentan con una amplia experiencia en los temas a analizar en los países en cuestión Los expertos que forman parte de estos equipos son empleados de las instituciones de la Troika y son seleccionados según su experiencia y conocimiento del tema que vayan a tratar en el país indicado, puesto que no siempre envían a las mismas personas a los distintos países rescatados. Por ello, el equipo no es el mismo en cada país y el número de personas que participan en una misión de examen puede variar, así como el perfil del equipo que cumple con las necesidades específicas de la misión de examen, declaran fuentes de la organización. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia en el diseño y supervisión de políticas económicas, subrayan.

Falta de transparencia por parte de la Troika

Cabe señalar que algunos expertos denuncian el secretismo de estas tres instituciones en relación a saber cuál es el proceso que siguen para tomar decisiones tan relevantes para la ciudadanía. Kenneth Harr, miembro de Corporate Observatory Europeo considera que estas organizaciones son "opacas". "No existe un control democrático real de su comportamiento, esto hace que sea aún más aterrador que la Troika tenga un papel tan decisivo en el destino de los países que han prestado el dinero de la UE o del FMI", declara.

"Es complicado saber si la Troika ha fallado o no"

Guntram Wolff, director del Think Tank Bruegel, uno de los más significativos sobre asuntos económicos y financieros, asegura que "el juicio sobre si la Troika ha resultado con existo o ha fallado es más difícil de realizar de lo que parece". "Para realizar un juicio de estas características hay que tener en cuenta las circunstancias de los países en los que se han llevado a cabo los programas", señala. Además se apoya en la idea de que ninguno de los países que están siendo supervisados por la Troika se ha pronunciado sobre ello, por lo que no se puede saber todavía.

"Las políticas actuales son contraproducentes", aseguran desde CEO

No obstante, otros expertos no comparten la opinión de Wolff y son más tajantes en su respuesta. Martin Konecny, miembro de Corporate Europe Observatory (CEO), asegura que la Troika es "una fuerza destructiva que obliga a llevar a cabo medidas que se oponen a los intereses de las mayorías". "La responsabilidad de la crisis tiene sus causas en una integración neoliberal de la zona del euro en la última década y es cierto que los gobiernos de los países de la periferia europea tienen su propia cuota de responsabilidad, pero las políticas actuales son contraproducentes y son la principal razón para el desempleo en esos países", continúa.

"La Troika no es un nuevo poder"

"Yo no diría que la Troika de por sí representa un nuevo poder, ya que consiste en instituciones ya existentes. Yo sugeriría que la Troika representa una nueva técnica de poder o un conjunto de tales técnicas", señala Konecny. "La Troika es una grave amenaza para la democracia y la socava en forma alarmante", añade el experto de Corporate Europe Observatory. Este especialista piensa que antes de la crisis era la "mano invisible del mercado" la que justificaba determinadas políticas, pero actualmente es la "mano visible de la Troika". "Si los gobiernos tratan de desafiar a la Troika y su política, la presión aumentará a un punto en el que tengan que renunciar para dejar paso a los llamados gobiernos de expertos", subraya.

Los países del sur de Europa tienen una imagen más negativa de la Troika Guntram Wolff cree que la imagen que se tiene de la Troika depende del territorio, puesto que en los países en los que tiene una relación directa la imagen es "fuerte y negativa", mientras que en el resto de Europa considera que "no existe particularmente esta imagen".

Esta misma opinión la comparte Kenneth Harr, de Corporate Europe Observatory. "Creo que huelga decir, que los ciudadanos de los países en los que opera la Troika no tienen una imagen positiva de la Troika", señala, "la mayoría no tienen nada que agradecer a la Troika".

Este experto considera que "el enfoque de la política económica es completamente despiadado puesto que la Troika ha atacado sistemáticamente a los salarios y al bienestar allí donde ha llevado a cabo su negocio, y lo ha hecho al obligar a los gobiernos a cumplir, por lo que no ha existido un verdadero diálogo o negociación".

"Para los ciudadanos, la Troika es la pesadilla política. Desconocidos, burócratas anónimos de tres poderosas instituciones que no rinden cuentas, llevan la voz cantante en los hechos fundamentales de su vida e imponen programas económicos que pagan la mayoría", zanja Harr.

Bloquean Konecta para pedir la readmisión de Amaya, despedida por asistir a su desahucio

Konecta, cuyo socio mayoritario es el Banco Santander, despidió el 25 de octubre a Amaya Muñoz, después de 3 meses trabajando para la empresa y amparándose en la nueva reforma laboral, que permite despedir a un empleado por faltar nueve días hábiles de forma intermitente en dos meses consecutivos. Amaya, desahuciada por más de 100 antidisturbios el 11 de septiembre, causó baja durante diez días debido a problemas de ansiedad. Esta mañana, el grupo de respuesta formado por activistas de la Asamblea Stop Desahucios de Madrid y miembros del sindicato CGT, llevaba la protesta en repulsa del despido, de nuevo, a la sede de Konecta. En el desolado polígono industrial al sur de Alcobendas, 5 kilómetros al norte de las Torres Kío, donde la empresa tiene sus oficinas, se cerraba un círculo de acciones que comenzó con una manifestación en el mismo lugar y cuatro días después del cese. Continuó el 14 de noviembre en la sede central del Banco Santander y el pasado 6 de diciembre se concentró de nuevo en la sede de Aegón, la aseguradora para la que Amaya prestaba servicios en el momento de su despido. Mientras Amaya trataba de conseguir una reunión con Jaime Castel, responsable de Relaciones Laborales de Konecta, sus compañeros entraban en los dos centros de llamadas de la segunda planta, al grito de “Amaya readmisión”, causando especial incomodidad en el primero de ellos, antiguo lugar de trabajo de Amaya, en donde, en un despacho contiguo, la empresa se encontraba reunida con un cliente. Al cabo de diez minutos y ante la imposibilidad de atender las llamadas con normalidad por el ruido que generaba la protesta, los supervisores intentaron encerrar a los participantes haciendo salir primero a todos los empleados. Con la policía ya de camino, los activistas salieron sin demasiado esfuerzo del primer centro de llamadas para bloquear también el segundo. La protesta duró otros diez minutos en los que los trabajadores del centro guardaron absoluto silencio. Veinte minutos después de la entrada al edificio, doce policías nacionales de uniforme, cinco de ellos sin el número de placa visible, más dos agentes de paisano, tomaban el control del rellano de la segunda planta, obligando a los manifestantes a bajar al recibidor sin hacer más ruido, mientras intentaban mediar entre Amaya y Konecta. Una vez abajo, policía identificó a dos periodistas y a tres participantes. Uno de los agentes sin número de placa visible ordenaba a uno de ellos que borrara las fotos que acababa de hacer con su teléfono móvil para después sacarle del edificio a empujones. Castels, que no había recibido a Amaya, después del intento de mediación de la policía se limitó a remitirse a la demanda de conciliación que tendrá lugar mañana a las 9 en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes decidieron, en asamblea, dar por terminada la acción y esperar a la conciliación para decidir sus próximas acciones. 

La mañana del 11 de septiembre, 12 furgonetas de antidisturbios y más de 100 agentes ejecutaron el desahucio de Amaya. La policía llegó a las 6:55, tres horas y media antes de la hora programada por el juzgado, para acordonar la zona e impedir la llegada de activistas que pudieran pararlo.

Niños sin papeles: tráfico de niños

Llegan a los aeropuertos o a las costas españolas acompañados de una mujer que dice ser su madre, pero que no lo puede documentar. La policía observa lo que considera “comportamientos sospechosos” en la relación entre la madre y el pequeño. Son bebés o niños pequeños sin filiación ni identidad verificable. Y una prueba de ADN demuestra en ocasiones que esos menores no son hijos de la mujer o la pareja con la que llegan al país. La policía, la fiscalía, la oficina de la Defensora del Pueblo y Cruz Roja trabajan en común para tomar medidas que permitan llegar a conocer la identidad de estos menores. Pero no siempre se consigue.

La ley de extranjería (Ley Orgánica sobre Derechos y Libertados de los Extranjeros en España y su Integración Social, reformada en 2009) regula las condiciones para el tránsito de menores en España. Esta norma señala que si los cuerpos de seguridad del Estado localizan a un menor no acompañado indocumentado, “el ministerio fiscal lo pondrá a disposición de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma en la que se halle”. Cuando no se conoce su identidad ni su procedencia, son tutelados por una Administración pública y se les considera regulables.

Aunque los requisitos están claros, “existen huecos en el cumplimiento de la legislación”, como explica Carlos Chana García, responsable del Programa de Restablecimiento del Contacto Familiar y del Servicio Social Internacional de Cruz Roja Española. “Influyen la legislación de cada país, la vía por la que se acceda con el menor al territorio, la autoridad de la frontera e incluso las compañías aéreas, que unas son más sensibles que otras a este problema”, prosigue Chana. “Se utiliza a los bebés como parte de las estrategias migratorias para poder pedir luego la reagrupación familiar. Las tipologías de cómo lo hacen son variadas”. Unas veces entran con falsos padres a través de los aeropuertos y otras son parejas o mujeres solas que llegan en patera o en barco solas con un bebé que supuestamente es suyo, pero que en ocasiones no lo es. Organizaciones de defensa y protección de menores calculan que solo a través de los aeropuertos españoles la policía detecta al menos medio centenar de casos de este tipo cada año.

Cruz Roja, que es además la corresponsalía del Servicio Social Internacional en España, considera que los requisitos están claros para el tránsito de menores en el territorio Schengen, en el cual se puede circular libremente si se ha entrado regularmente en alguno de los países de este espacio. Esta organización señala que “las dificultades aparecen al aplicar los procedimientos, y los más vulnerables son los niños pequeños que se ven involucrados en los procesos migratorios”, señala Chana. “Muchos terminan en el sistema de protección de menores y, algunas veces, al cabo de los años, aparece una mujer diciendo que es su madre, cuando el niño a lo mejor se ha dado ya en adopción”, añade.

“Se usan bebés para pedir reagrupación familiar”, denuncia Carlos Chana

En su opinión, desde hace años “es difícil que se den en España casos de intercambio de niños por dinero”. “Aquí sí hay los mecanismos para detectar casos de riesgo a través de los servicios sociales”, afirma. “Además, las adopciones internacionales siguen unos protocolos muy claros en España y también se vigila mucho la situación en los países de origen de los niños. Pueden darse casos de familias, en Tíbet o Etiopía, por ejemplo, en los que las familias no entienden bien que van a perder los derechos sobre sus hijos al darlos en adopción. Creen que les van a dar una vida mejor, pero no conciben ni entienden que vayan a dejar de ser sus hijos. Este proceso puede ser discutible, pero se les explica lo mejor posible y, una vez que los ceden, los procedimientos que se siguen para darlos en adopción son completamente legales”.

Otros casos en los que los menores en tránsito no cuentan con todas las garantías que deberían son los de parejas separadas en las que uno de los miembros es de otro país y se lleva a los hijos a su tierra sin autorización, sin que se le plantee ningún problema a la hora de sacarlos del país porque es uno de los progenitores. Una vez constatada la filiación, no se solicita ningún otro papel que demuestre que tiene la custodia del menor. Los datos son difíciles de precisar en este terreno. Sin embargo, organizaciones de protección de los menores calculan que puede haber en esta situación varios centenares de niños españoles. Y el fenómeno está aumentando con el incremento de los matrimonios en los que uno de los miembros es extranjero.

Sin embargo, este riesgo se puede evitar, como explica la magistrada e inspectora delegada de menores y familia del Consejo General del Poder Judicial, María de los Ángeles Velasco: “En casos de separaciones en los que se tengan dudas de que uno de los padres pueda llevarse al menor del país sin autorización se puede adoptar como medida cautelar que se libre a todos los aeropuertos la prohibición de salida sin el consentimiento de los dos progenitores o sin autorización judicial”. Velasco explica que esta cautela se incluye ya en muchos procesos de separación y que incluso se ha dado algún caso en el que los padres que se habían olvidado de que la habían solicitado y, por ejemplo, al intentar salir un hijo adolescente del país para irse a estudiar al extranjero han tenido que acudir al juez para retirar la prohibición para ese viaje. “A mí me ha ocurrido esto en dos ocasiones. En una de ellas porque la madre no se acordaba de que en su día solicitó esa medida cautelar”, señala Velasco.

Las organizaciones de protección de la infancia insisten en que es necesario aumentar la implicación de las fiscalías y los servicios de protección a la infancia, que generalmente no intervienen más por falta de recursos, para evitar el tránsito de menores sin filiación, así como que se deben aumentar los controles de los niños extranjeros que llegan a nuestras fronteras.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, mandó a la policía el pasado mes de marzo una recomendación para “que se identifique a los menores extranjeros que lleguen a España de forma irregular y así evitar situaciones de riesgo para estos menores”. La recomendación fue aceptada, por lo cual, a partir de entonces, cuando la policía localiza a menores extranjeros no acompañados, que viajan con un adulto que no puede documentar su relación con ellos o cuando existen indicios de que pueda ser víctima de trata de seres humanos se procede a identificar a esos niños de forma inmediata, se pone el caso en conocimiento del ministerio fiscal y de las entidades de protección de menores, explica la oficina de la Defensora.

La policía corrobora la situación de riesgo: “Cuando un adulto manifiesta que existe una relación parental entre él y el menor al que acompaña sin documentación alguna que lo avale, se invita al acompañante a que consienta —previamente informado sobre la prueba y sus efectos jurídicos— a la obtención de células epiteliales bucales propias y del menor para la práctica de la prueba de ADN”, explica la policía.

En lo que va de año han llegado a las costas españolas de forma irregular 124 menores no acompañados y 39 que viajaban con un adulto, según datos policiales. Hay “indicios acreditados por diversas fuentes (ONG, cuerpos y fuerzas de seguridad y ministerio fiscal) de que algunos casos de traslado de menores por adultos indocumentados esconden actividades directamente vinculadas con el tráfico ilegal de niños o con la trata de seres humanos”, añade. Por eso, la policía, a instancias del fiscal de Sala Coordinador de Extranjería y de la fiscal de la Sala de Menores dictó una instrucción el pasado mes de febrero sobre “las actuaciones a realizar ante la detección de menores extranjeros no acompañados o que se encuentren en situación de riesgo”, de forma que desde entonces estos menores son “reseñados y grabados en el registro de menores extranjeros no acompañados (MENA) de las unidades de extranjería”.

Jesús Palacios, catedrático de Psicología de la Universidad Sevilla y experto en adopciones, anota que también persisten riesgos en la adopción internacional: “Hay países en los que no hay registro civil o los niños se registran con ocho o nueve años. El niño no existe, lo que facilita crearle una identidad falsa y asignarle una maternidad. Otra situación de riesgo en el tránsito de los menores son las catástrofes naturales o los movimientos masivos de población. Miles de niños vagan por las calles y no deben ser declarados adoptables hasta que se comprueba que es huérfano o que no hay nadie de su familia o comunidad que esté dispuesto a hacerse cargo de él”.

Y aunque todos los expertos coinciden en que el riesgo de adopciones ilegales en España es mínimo con la actual legislación, en otras partes del mundo no es así.

El convenio de La Haya señala cuándo un niño puede ser adoptable y cuándo no y los datos reflejan la inmensa cantidad de casos que se salen de estas reglas. El informe Las zonas grises de la adopción entre países, del Servicio Social Internacional (ISS), de 2010, señala que las adopciones que se realizan de acuerdo con el protocolo de La Haya en los 10 principales países de origen del mundo no llegan al 30%. El resto (más del 70%), no se realizan con garantías. “Es un dato preocupante y el problema es que la presión de la demanda ha generado presión de oferta dispuesta a satisfacerla”, explica Palacios. “Y sigue habiendo países, como Estados Unidos, en los que la adopción es independiente, sin la intervención de entidades públicas que controlen los procesos”.

“Las personas que quieran adoptar deben tener en cuenta no solo que España cuenta con una ley que regula estás adopciones, sino que el país en el que quieran adoptar haya suscrito el convenio de La Haya”, advierte José Ignacio Esquivias, fiscal de la sección civil y de familia de la Fiscalía de Madrid, y experto en adopción internacional. “Si acuden a otros países corren el riesgo de que no pueda homologarse la adopción en España de acuerdo con nuestra legislación, además de no tener garantías de que el menor se adopta con todas las garantías para él”. En algunos casos en los que no se hace así, los jueces y fiscales suelen aceptarlo en una forma legal similar al acogimiento, “porque hay que darles una cobertura jurídica y para no romper el vínculo creado y no dejar al niño en manos de las instituciones”. “Pero los problemas que se les presentan a las familias son inmensos, porque ni es su hijo legalmente, ni tiene su apellido”, advierte Esquivias.

Niños sin DNI y libros de familia sin fotografía

Para circular en avión, tren o barco con menores de 14 años dentro del territorio español la legislación no exige que se presente ningún documento del pequeño. Se considera responsable a la persona mayor con la que el niño realiza el viaje. La compañía responsable del trayecto puede solicitar el libro de familia, que no incluye una fotografía del menor, pero no todas lo hacen.

Dada la diferencia entre las legislaciones de los países a los que pertenecen las aerolíneas que cuentan con vuelos domésticos dentro de España surgen periódicamente problemas relacionados con la seguridad en el traslado de los menores. El último caso sonado fue el de la compañía Ryanair, de nacionalidad irlandesa, que negaba el embarque a los vuelos dentro de España a los menores de los que no se aportara un documento con fotografía, como el DNI o el pasaporte, y no consideraba válido el libro de familia por no contar con ella. “Creemos que no pedir un documento con foto podría favorecer el tráfico de menores. En estos asuntos tenemos el respaldo de las autoridades irlandesas”, manifestó Michael O’Leary, presidente de Ryanair hace un año a raíz del conflicto en el que se vio implicada la aerolínea. Los tribunales españoles dieron la razón a las personas afectadas por estas restricciones de Ryanair y la compañía se vio obligada a cambiar su política en España y aceptar el libro de familia como documento válido para autorizar que los niños viajaran en sus vuelos domésticos. Sin embargo, la duda de O’Leary sobre la inseguridad en el traslado de los menores la comparten otras organizaciones.

“En Cruz Roja recomendamos que se viaje siempre con pasaporte o DNI del menor, aunque es cierto que el riesgo es menor cuando se circula dentro del Estado, pero la garantía también lo es al no llevar una fotografía que identifique al niño”, señala el responsable de infancia en dificultades sociales de Cruz Roja Carlos Chana García.

En otros países, la variedad de situaciones es muy amplia. Muchas naciones no cuentan con ningún tipo de libro de familia. Es el caso, por ejemplo del Reino Unido o de Estados Unidos. En el primero, si se quiere viajar con menores, se les tiene que sacar el pasaporte a partir de los dos años de edad.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el mes pasado un real decreto que reduce la validez del DNI de los menores de cinco a dos años. La expedición de este documento para los niños es voluntaria. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que esta reforma se debe a los cambios físicos que sufren los menores a esas edades. “Entre un menor de dos y uno de cuatro hay bastante poca similitud”, señaló.

Respecto al libro de familia, su reforma la tiene sobre la mesa el Ejecutivo, pero es una incógnita si incluirá una foto del menor. El borrador de anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, aprobado por el anterior Gobierno socialista en 2010, incluye la eliminación del libro de familia y lo sustituye por “certificaciones registrales” que podrán ser solicitadas personalmente o a través de Internet. Además, el nacido recibirá un Código Personal de Ciudadanía (CPC), ligado a una ficha personal donde figurará a lo largo de su vida todo su historial civil. El código personal consistirá en una secuencia alfanumérica que le valdrá a la persona para todos los trámites que necesite hacer en el Registro Civil. Su ficha personal podrá ser consultada de forma electrónica y será accesible para las Administraciones de toda España que lo precisen a la hora de realizar un trámite. No se especifica si la ficha personal incluirá una fotografía.

La previsión es que este cambio en el libro de familia, ligado al de Registro Civil, entre en vigor en julio de 2014, recuerdan fuentes del Ministerio de Justicia. Pero no está claro si el Gobierno plantea cambiar el texto elaborado por los socialistas o incluir una foto del menor junto a sus datos. Fuente: El País

La política del hijo único y en China y el infanticidio

La política de un niño por pareja o política de hijo único, es una medida de control de la población, a través de la limitación del crecimiento de la natalidad, establecida en zonas urbanas de China en 1979. Surge como solución a la situación de superpoblación. No podemos olvidar que China es el país más poblado del mundo (alberga la quinta parte de la población mundial.)

Características de la política de un solo hijo en China

▪ Fomento de las familias con un solo hijo, especialmente en entornos urbanos. A través de multas para los infractores e incentivos para los que la cumplan.

▪ Esta política se aplica sólo a parte de la población, ya que, en entornos rurales, cabe la posibilidad de tener un segundo hijo si el primero ha sido de sexo femenino.

▪ Para aquellas familias autorizadas a tener un segundo, la separación temporal entre ambos deberá ser de cinco años como mínimo.

▪ Actualmente se ha modificado la política para intentar moderarla, de modo que una pareja en la que ambos son hijos únicos, se les permite tener dos hijos.

Consecuencias

La política ha conseguido su objetivo de reducir la tasa de nacimientos, si embargo ha tenido otras muchas consecuencias sociales motivadoras de polémica:

Infanticidio femenino: Las familias prefieren tener hijos varones que le mantengan en su vejez, ya que en el caso de las niñas estas pertenecen a la familia de su marido y no puede ocuparse económicamente de sus padres. Esta  preferencia por varones ha llevado a prácticas de infanticidio femenino y de abortos selectivos, hasta el punto en que se han prohibido las ecografías en las que se determina el sexo del bebé. Muchas de las niñas han sido concebidas en secreto y después abandonadas.

Desequilibrio de géneros en China

Según el censo, la SRB en 1982 fue 108,5 varones por cada 100 mujeres, en 1990 fue de 114,1, en 2000 llegó a 119,3, y desde 2009 se ha mantenido en una tasa anormal de 120 nacimientos de varones por cada 100 nacimientos de niñas. Según un reciente estudio de la Academia China de Ciencias Sociales, esto provocará que en 2020 haya unos 24 millones de solteros en el país más poblado del mundo.

Envejecimiento de la población. Con todas las repercusiones que tendrá sobre el sistema de pensiones. Además siendo China la segunda economía del mundo, no puede permitir que siga disminuyendo la cifra de potenciales trabajadores.

La manera en la que la política se hace cumplir. En los vencidarios existen comités elegidos por los vecinos y designados por el gobierno. Su función es e3ncargarse de que la política se cumpla, por lo que ejercen una labor de control, en caso de que detecten a una mujer embarazada por segunda vez, su labor es convencerla para que aborte, e el caso en que la mujer se niegue pueden a llegar a usar medidas coercitibas y violentas

En un informe publicado por el grupo Defensores Chinos de los Derechos Humanos, se expone casos en donde jefes de familia perdieron su trabajo después de dar a luz a un segundo hijo, da cuenta de campañas que premian a ciudadanos que revelen los secretos reproductivos de sus vecinos y hasta documenta casos en donde mujeres embarazadas son arrastradas a realizarse abortos fuera de término.  Muchas mujeres denuncian que tras el nacimiento de un primer hijo son visitadas por funcionarios que las obligan, del modo coercitivo que pueden suponer, a someterse a ligadura de trompas.

¿El final de la política del hijo único en China?

Estas consecuencias indeseadas han llevado a plantearse el final de una política demográfica que en un principio nació como temporal. Así, algunas de las grandes ciudades, como Shanghai o Pekín, preocupadas por quién se hará cargo de los ancianos en el futuro, han lanzado políticas de estimulación de la natalidad. No obstante, el nuevo Plan Quinquenal presentado para los años 2011-2015 mantiene esta política.

Bofetada educadísima de Brasil al mundo

DECLARACIONES DE CHICO BUARQUE - MINISTRO DE EDUCACIÓN DE BRASIL. Durante un debate en una universidad de Estados Unidos, le preguntaron al ex gobernador del Distrito Federal y actual Ministro de Educación de Brasil, CRISTOVÃO CHICO BUARQUE, qué pensaba sobre la internacionalización de la Amazonia. Un estadounidense en las Naciones Unidas introdujo su pregunta, diciendo que esperaba la respuesta de un humanista y no de un brasileño. Ésta fue la respuesta del Sr. Cristóvão Buarque: Realmente, como brasileño, sólo hablaría en contra de la internacionalización de la Amazonia. Por más que nuestros gobiernos no cuiden debidamente ese patrimonio, él es nuestro. Como humanista, sintiendo el riesgo de la degradación ambiental que sufre la Amazonia, puedo imaginar su internacionalización, como también de todo lo demás, que es de suma importancia para la humanidad. Si la Amazonia, desde una ética humanista, debe ser internacionalizada, internacionalicemos también las reservas de petróleo del mundo entero. Ver más