Entre 1609 y 1612, docenas de aldeanos de las regiones que hoy pertenecerían a Navarra y País Vasco murieron a causa de la brujería. Pero, al contrario de lo que la leyenda y el desconocimiento podrían afirmar, no fueron las artes oscuras de hechiceros o brujas lo que acabó con sus vidas: todas ellas fueron víctimas de la justicia, que condujo al ahorcamiento y quema pública de ochenta personas en el Labourd y ocho en Logroño, donde se encontraba el Tribunal de la Inquisición y previamente habían fallecido trece personas en las mazmorras.
¿Qué ocurrió para que en las cuencas del Bidasoa y el Baztán tuviese lugar un proceso de criminalización vecinal y persecución que llegó a marginar sectores enteros de la sociedad? Por una parte, la intervención del monarca francés Henri IV, que acabó con la útil y frecuente solución parroquial de las acusaciones de brujería, que solía concluir de manera pacífica, e impuso la intervención externa de una Comisión contraria a las directrices de la Inquisición, que no creía en brujas, pactos diabólicos y la utilización de castigos.
La nueva situación condujo a “la incomprensión de las nuevas acusaciones del tribunal por parte de los acusados; encierro nocturno de los niños y adolescentes en las iglesias para que no les raptase el diablo; aprovechamiento de ciertos vecinos para dar listas de acusados a niños a trueque de incentivos económicos; amenazas, castigos y torturas de vecinos por otros vecinos para que se autoacusasen”, explica el profesor y antropólogo Mikel Azurmendi a El Confidencial. “En fin, un querer salvarse cada cual como fuere, aun recurriendo a la delación falsa”.
Azurmendi ha expuesto en dos libros, el ensayo Las brujas de Zugarramurdi (Almuzara) y la novela Las maléficas (Hiria) lo acaecido en la aldea navarra y la comarca de Bidasoa durante aquellos años, siguiendo la obra del historiador Julio Caro Baroja y desmintiendo las visiones tópicas que sobre el proceso ha dado la cultura popular, como es el caso de la reciente película de Álex de la Iglesia.
“¿Cree alguien que sea meramente sensato hacer aparecer en su film a una víctima de Zugarramurdi, Graciana de Barrenechea (septuagenaria muerta entre sufrimientos horribles en las mazmorras de Logroño) solazándose en rituales libertarios demoníaco-lúbricos?”, se pregunta el escritor. “¿Cree alguien que se premiaría hoy en Europa una película donde a una víctima de Auschwitz se la propusiera como personaje báquico proclamando la excelencia de ser cocinada en el horno junto a millones de compañeros judíos?”
Entre la realidad y el mito
La fecha de inicio de los luctuosos acontecimientos es 1608, cuando los señores de Urtubi-Alzate y Sant Per solicitan ayuda urgente al monarca francés “para limpiar de brujas el país de Labourd” tras un conflicto de facciones en San Juan de Luz. Ese mismo año es creada una Comisión con plenos poderes de represión que haría huir a la población labortana hacia España y una mujer de Zugarramurdi acusa a varias vecinas de brujería, lo que provoca que el abad de Urdax solicite ayuda a la Inquisición. “La aldea quedó partida en dos pues un tercio de ella quedó acusada y lista para pasar a ser llevada ante el tribunal de Logroño”, explica Azurmendi.
Si hacían confesar a su chaval que era brujo pero que había sido captado, era perdonado y la familia no tenía nada que temer
Los inquisidores Becerra y Valle Alvarado dieron pábulo a la teoría de la brujería y acuñaron el término de aquelarre para nombrar las supuestas reuniones de hechiceros y brujas en el bosque. Un proceso en el que el funcionamiento del tribunal favorecía la delación del vecino: “La manipulación de los niños/adolescentes por los párrocos de Vera de Bidasoa y de Lesaca fue infame; el que esos chavales contasen a sus padres como si fuesen historias verdaderas sus sueños y ensueños nocturnos ponía a los progenitores en el disparadero más terrorífico”, explica Azurmendi. “Si hacían confesar a su chaval que era brujo pero que había sido captado por X, el chaval era perdonado y la familia no tenía nada que temer”.
En el Auto de Fe celebrado entre el 7 el 8 de noviembre de 1610 en Logroño, 18 personas salvaron la vida al confesar sus culpas, pero otras seis fueron pasto de las llamas. En los meses siguientes, la situación degeneraría de tal modo que en abril de 1611, el obispo de Pamplona escribiría una carta al inquisidor general en la que hablaba del "deterioro" de la situación social provocada por los predicadores enviados por Felipe III en la que se producía la tortura y asesinato de vecinos.
Mucha ideología, menos religión
Hay que entender lo ocurrido como la consecuencia de un proceso de cambio en la historia europea, que Azurmendi considera como el momento en el que nace la ideología, es decir, “el abandono de tener que legitimar el estado de cosas político-social de la monarquía mediante la pura religión y su reemplazo por formas simbólicas y culturales de legitimación mucho más complejas, como por ejemplo, el pacto con el diablo considerado como crimen político de lesa majestad divina punible con la pena de muerte”.
Si tú quieres volver independiente el País Vasco, inventas que existe un conflicto político ancestral entre España y el País Vasco
La acumulación de poder (judicial, legislativo y coercitivo) en manos de los monarcas absolutistas los empujó a buscar nuevas coartadas para emplear mano dura con el pueblo con el objetivo de pugnar en fronteras, como la del Bidasoa, la más antigua de Europa: “Para levantar esa frontera hubo que construirla antes en la imaginación de los fronterizos: a base de amedrentar a la población fronteriza que ni hablaba francés ni español y que la traspasaba sin saber que pasaba una frontera. La persecución de una supuesta brujería echó el cemento para sedimentarla en la mente de la población”.
Azurmendi compara repetidamente la situación vivida en las aldeas con aquella que tuvieron que afrontar los internos de los campos de concentración. Por una parte, “la situación de absoluta alienación de la personalidad en la que quedaba el campesino acusado, arrancado de su familia, llevado preso a cien kilómetros de su aldea, encerrado en una mazmorra, incomunicado bestialmente durante meses o años y sometido a incomprensibles interrogatorios hasta que se declarase culpable, si no quería ser sometido al tormento o tortura”. Aquellos que lograron sobrevivir a las acusaciones, “quedaron como despojos humanos”.
La persecución que se repite a lo largo de los siglos
Un círculo vicioso del terror que favorecía la denuncia del vecino, y que el antropólogo considera parte del “lote humano de nuestras sociedades”. “Entre nosotros, los vascos, hasta ayer mismo un vecino siempre podía decir ‘algo habrá hecho’ ante un asesinado de ETA para quedar bien ante otros vecinos o hasta podía denunciar a alguien para congraciarse con ellos”, añade Azurmendi con conocimiento de causa, ya que ha sido víctima de dos intentos de atentado por parte de ETA, lo que le hizo abandonar en 2002 su plaza en la Universidad del País Vasco y marcharse a Estados Unidos.
Mikel Azurmendi, uno de los fundadores del Foro de Ermua.La invención de enemigos ha sido, pues, un proceso recurrente a lo largo de los siglos. “Si tú quieres volver independiente el País Vasco, inventas que existe un conflicto político ancestral entre España y el País Vasco, te inventas batallas inexistentes de los vascos contra los españoles, borras de la memoria los hechos incontrovertibles de vinculación económico-social entre la tierra vasca y la española”, explica el profesor. “A ese conflicto lo calificas de genocida y decides hacer una lucha terrorista contra España –que llamas ‘frente militar’– para que parezca que hay un conflicto armado entre España y País Vasco”.
“Mutatis mutandis, con la brujería pasó algo similar. Los teólogos forjaron para sí una imaginación demoníaca completamente nueva y, persiguiendo a la gente y obligándola a confesar lo que ellos querían, creyeron que era real aquello que habían imaginado”, añade Azurmendi, que asegura que ha escrito los dos volúmenes “pensando en las víctimas, en los únicos perdedores de la historia”.
Un héroe para la eternidad
La razón por la que lo ocurrido en Navarra es uno de los procesos contra la brujería más conocidos de Europa es la localización en el año 1968 por Gustav Henningsen de toda la documentación inquisitorial, como explica Azurmendi, “pormenorizada hasta un extremo insólito gracias a un inquisidor de aquel tribunal que, tras desconfiar del procedimiento ilegal de sus dos colegas de tribunal, habló con más de mil acusados y levantó miles de folios de testimonios de víctimas y testigos directos”.
La Inquisición se comprometió a no ajusticiar nunca a nadie más por brujería
El justiciero se trataba de Alonso de Salazar y Frías, que se opuso a las teorías sobre la brujería fomentadas por puro interés y que consiguió, finalmente, que en 1614, que la Suprema de la Inquisición “se excusase de su mala información y de graves errores en toda aquella persecución, y adquiriera el compromiso de nunca más ajusticiar a nadie por brujería tras haber concedido amnistía completa a los penados en el Auto de Logroño de 1610”.
En 1617, el justiciero inquisidor informó al Alto Tribunal que la paz había retornado a la zona, lo que puso punto y final a uno de los episodios más oscuros de la historia de Europa, pero también de aquellos que mejor pueden ayudarnos a entender nuestro presente: “Para mí las víctimas del terrorismo etarra, del yihadismo musulmán, de las monarquías antiguas o modernas, de los nacionalismos nazifascistas o comunistas así como las de los inquisidores son igual de inocentes y la injusticia cometida contra ellas requiere nuestra mirada no sólo compasiva sino la que hagamos buscando la verdad”, concluye Azurmendi.
Alonso de Salazar y Frías
Alonso de Salazar nació en Burgos en 1564 en el seno de una familia de mercaderes y altos funcionarios. Estudió derecho canónico en Salamanca y Sigüenza y posteriormente se ordenó sacerdote. Fue destinado a las diócesis de Jaen y Toledo donde trabajó a las órdenes del obispo de ambas, Bernardo de Sandoval y Rojas, hermano del Duque de Lerma, valido de Felipe III.
Accedió al Santo Oficio en 1609, incorporándose en julio de 1610 al tribunal de Logroño donde los inquisidores Alonso Becerrra Holguin y Juan del Valle Alvarado ya tenían abierto un gran proceso por brujería en el que se mostraron mucho más intolerantes que Salazar. Este proceso fue la primera y última gran causa por brujería que se produjo en España y tuvo lugar en las localidades navarras de Zugarramurdi y Urdax.
A la llegada de Salazar el proceso ya estaba en marcha. Se inició cuando una tal María de Ximildegui afirmó haber participado en akelarres en presencia de otras personas de Zugarramurdi. Algunos de los denunciados admitieron los hechos y denunciaron a su vez a otras personas. Las coincidencias en los testimonios terminaron de convencer al tribunal de la veracidad de las denuncias. Estos incluían descripciones de las orgías, del aspecto de las apariciones demoníacas y de los ritos llevados a cabo.
En junio de 1610 los inquisidores acordaron la sentencia de culpabilidad de veintinueve de los acusados. Sin embargo Alonso de Salazar y Frías]], quien al haberse incorporado al tribunal en julio del año anterior no había participado en los interrogatorios de los principales inculpados, votó en contra de la condena a la hoguera de María de Arburu por falta de pruebas. Tras la celebración del auto de fe en noviembre de 1611 —en el que dieciocho supuestos brujos y brujas fueron reconciliados, seis fueron quemados vivos y cinco lo fueron en efigie— Salazar comenzó a dudar también de la culpabilidad del resto.
En los meses siguientes al auto de fe se desató una fiebre por la caza de brujas en toda la región que se materializó en miles de acusaciones. La dudas de Salazar sobre la culpabilidad de los condenados fue secundada por otros importantes clérigos que atribuían las confesiones a la superstición y a la incultura, tales como el obispo de Pamplona, Venegas de Figueroa.
Por este motivo el Consejo de la Inquisición ordenó a Salazar que visitara las montañas de Navarra con el objeto de recabar información y testimonios de primera mano, con órdenes de no forzar las confesiones y no amenazar a los cuestionados. A partir de mayo de 1611 recorrió durante casi ocho meses la zona en plena fiebre de brujería. Recabó miles de testimonios inconsistentes y contradictorios, no pudiendo encontrar ninguna prueba sólida de que los aquelarres hubieran tenido lugar. Los testigos se contradecían y supuestos ungüentos y pócimas resultaron ser falsos. En un informe al Inquisidor General escribió que no había encontrado un sólo testimonio sólido de que hubiesen tenido lugar actos de brujería y que las declaraciones de los supuestos testigos por sí solos no debían ser tomados como prueba suficiente.
En el informe final de 1613 denunció la pobre instrucción ya que no se anotaron los cambios en las declaraciones de los acusados ni sus contradicciones. Concluyó que no era posible determinar que se hubiera producido acto alguno de brujería ya que los hechos descritos eran con frecuencia imposibles, como volar por el aire o asistir a aquelarres mientras las brujas permanecían en la cama, y que, en caso de que efectivamente hubiese intervención del Demonio, cómo era posible que sus actos fueran denunciados de forma tan fácil, incluso con el testimonio de niños pequeños.
Así tras la revisión a fondo del caso ordenada por el Consejo de la Suprema Inquisición Salazar se arrepintió completamente de la sentencia que él también había firmado al considerar que se había cometido una "terrible injusticia". Salazar escribió en su informe final lo siguiente:
Cometimos culpa el tribunal... [al no reconocer] la ambigüedad y perplejidad de la materia. Cometimos [defectos] en la fidelidad y recto modo de proceder... en que no escribíamos enteramente en los procesos circunstancias graves... ni las promesas de libertad que les hacíamos, creaciones entre sí... y otras sugerencias para que acabasen de confesar toda la culpa que queríamos, reduciéndonos nosotros mismos a escribir sólo para llevar mayor consonancia de hacerlos culpados y delincuentes. Tanto que también por esto dejamos de escribir muchas revocaciones.
En 1614 la Suprema promulgó unas "instrucciones" o criterios de obligado cumplimiento, que seguían fielmente las recomendaciones dadas por Salazar y que formaron la base de la jurisprudencia posterior en la materia. Entre ellas se incluyeron métodos para recabar testimonios fiables basados en hechos empíricos y no en meros testimonios de segunda mano. También se desacreditó el Malleus Maleficarum, que había sido el manual seguido hasta entonces por el Santo Oficio sobre brujería y que se basaba en leyendas y casos sin confirmar. Además se siguieron recomendaciones de Salazar de mantener en lo posible la discreción sobre estos casos para evitar el contagio y la paranoia sobre la existencia de brujería. Según el propio Don Alonso, hacia 1617 pudo informar al Alto Tribunal de que la paz se había impuesto de nuevo en las tierras de Navarra.
